Petróleo venezolano, Washington reivindica el control sobre 65.000 millones de barriles

El anuncio llegó por mensaje, no por documento. El 28 de agosto de 2026 Donald Trump comunicó en Truth Social un acuerdo petrolero con Venezuela, calificándolo como el mayor de la historia mundial, según reporta Infobae. En la versión difundida por la presidencia estadounidense, el control mayoritario pasaría a Washington sobre una masa de crudo venezolano ya clasificado como reserva probada superior a los 65.000 millones de barriles: una cantidad que excede en más del doble los cerca de 38.000 millones certificados en territorio de Estados Unidos.

El secretario de Estado Marco Rubio cuantificó la contrapartida para Caracas en casi 100.000 millones de dólares en inversiones privadas en Venezuela, según los mensajes recogidos por La Nación. Del lado venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez acogió el acuerdo sosteniendo que favorecerá la reconstrucción de las infraestructuras estratégicas de los hidrocarburos, según informa CNN en Español.

El acto que precede al anuncio. Hay un elemento técnico que vale más que las declaraciones: el 27 de agosto, en la víspera, la oficina de control de bienes extranjeros del Tesoro estadounidense — la OFAC — modificó nuevamente varias licencias relacionadas con el sector petrolero venezolano, como documenta El Diario de Hoy sobre la base de las disposiciones de la agencia y de material de la agencia EFE. Las licencias son el instrumento con el que se autorizan operaciones de otro modo prohibidas por el régimen de sanciones: es ahí, y no en los mensajes en redes sociales, donde un acuerdo de este tipo se vuelve operativo.

Reservas y producción no son lo mismo. Sesenta y cinco mil millones de barriles de reservas probadas miden lo que se estima extraíble en las condiciones técnicas y económicas dadas, no lo que llega al mercado. La distancia entre ambas magnitudes, en Venezuela, depende del estado de las instalaciones: es exactamente el punto planteado por la declaración de Rodríguez sobre las infraestructuras por reconstruir. Una inversión anunciada de 100.000 millones de dólares es, en esta lectura, la medida de la brecha entre reservas y capacidad productiva.

Las licencias del Tesoro, no los mensajes, son el punto en el que un acuerdo se vuelve operativo.

El contexto interno estadounidense. A comienzos de agosto la reserva estratégica de crudo de Estados Unidos se situaba por debajo del umbral de los 300 millones de barriles; respecto a los niveles de enero de 2026 la contracción supera los 100 millones. Es un dato que ayuda a entender por qué el acceso a crudo pesado extranacional se ha convertido en un objetivo declarado, pero no dice nada sobre los plazos: las reservas se reconstituyen con compras, los yacimientos se desarrollan en años.

Lo que no sabemos. No conocemos el texto del acuerdo: ningún documento contractual ha sido publicado, y ambas partes han comunicado versiones compatibles pero no idénticas. No sabemos qué significa jurídicamente “control mayoritario” sobre reservas ubicadas en el subsuelo de un Estado tercero: participaciones societarias, contratos de servicio, derechos de retiro de la producción son instrumentos distintos con consecuencias distintas. No sabemos qué licencias de la OFAC fueron modificadas ni con qué alcance. No sabemos si el acuerdo requiere trámites parlamentarios en Caracas o autorizaciones adicionales en Washington. No tenemos, por último, reacciones de mercado: ningún dato sobre precios o cotizaciones aparece en las fuentes disponibles hoy.

El primer indicio verificable será la publicación íntegra de las licencias modificadas el 27 de agosto: a partir de ahí se sabrá qué operaciones están realmente autorizadas, y para qué sujetos.