Ceuta pide a Madrid el desalojo de los asentamientos en el litoral

El gobierno de la Ciudad autónoma de Ceuta ha puesto por escrito lo que hasta ahora seguía siendo una cuestión de orden local: el 14 de septiembre de 2026 la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda formalizó ante el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) una serie de peticiones para recuperar los espacios afectados y proteger litoral, montes y biodiversidad. Escribimos sobre ello el 13 de septiembre, cuando el marco era aún el del desplazamiento de los asentamientos hacia la playa y la dimisión de un funcionario de la delegación del gobierno, sin ningún plan conocido por parte de las autoridades.

La petición de hoy es el primer acto formal del que se tenga noticia. Tiene tres capítulos. El primero es el desalojo definitivo de los asentamientos en la playa de El Trampolín, en Benítez y en las demás zonas del litoral: la ciudad los considera usos incompatibles con la normativa de Costas, es decir, con la disciplina estatal del dominio marítimo. El segundo se refiere a los montes, donde Ceuta pide actuaciones coordinadas sobre los campamentos. El tercero es de personal: la asignación de más efectivos del SEPRONA, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil.

La elección del destinatario no es secundaria. No es al ministerio del Interior al que Ceuta se dirige, sino al de Medio Ambiente, y el argumento no es el orden público sino el deterioro del litoral. Es una vía que pasa por las competencias estatales sobre las costas, donde la ciudad autónoma no puede actuar por sí sola. El fundamento de la solicitud se apoya en un informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la ciudad, que señala —según el documento— “riesgos ambientales y de salubridad en distintas zonas de Ceuta” (trad. del español).

El marco de referencia indicado por la propia administración es la entrada masiva por la frontera del Tarajal del 30 y 31 de julio de 2026 y la posterior consolidación de asentamientos irregulares. Es la primera vez, en el material disponible hoy, que la administración local vincula explícitamente esos dos días de finales de julio a una petición de intervención estatal con objetos definidos.

Quedan fuera de la petición, según lo que resulta de las fuentes de hoy, dos cosas: qué ocurre con las personas que viven en los asentamientos tras el desalojo, y en qué plazos. El material disponible no contiene indicaciones sobre reubicaciones, ni una respuesta del MITECO: en el momento de la publicación no consta ninguna toma de posición del ministerio sobre la solicitud recibida.

Sobre la procedencia de las informaciones hay que dejar claro cómo están las cosas. Parte del material consultado procede de los comunicados de la Ciudad autónoma y de su Consejería, es decir, del sujeto que formula la petición; el resto proviene de las coberturas de las agencias EFE y Europa Press. El contenido de la solicitud está por tanto documentado por el propio acto de la administración, mientras que no consta por el momento ninguna fuente que describa su recepción o su tramitación por parte de Madrid.

El siguiente paso es procedimental y verificable: la competencia sobre el dominio costero es estatal, y el desalojo solicitado para Benítez y El Trampolín no puede ser dispuesto por la ciudad autónoma sin un acto del ministerio al que se ha dirigido la solicitud.

Fuentes: Infobae (agencia EFE); Ceuta Actualidad (comunicado de la Consejería de Medio Ambiente de Ceuta); El Pueblo de Ceuta (comunicado de la Ciudad autónoma de Ceuta); The Objective (agencia Europa Press).