Techo del 30% de alumnos extranjeros, Bruselas vigila sin abrir una infracción

La Comisión Europea ha comunicado que seguirá el examen parlamentario del decreto-ley 170/2026, la norma italiana que introduce un umbral del 30% de alumnos no italianos por clase. La noticia proviene por el momento de una única fuente (Sbircia la Notizia, que refiere la respuesta de la Comisión Europea y las declaraciones del Ministerio de Educación y Mérito); no hay por el momento ninguna confirmación independiente disponible. Es una historia que la edición de esta mañana todavía no había contado.

En su respuesta, la Comisión recordó la prohibición de discriminación por motivos de nacionalidad, pero sin anunciar la apertura de un procedimiento de infracción ni declarar ilegítima la norma italiana. Es una posición intermedia: Bruselas observa, recuerda un principio general del derecho de la Unión, pero no interviene formalmente sobre la disposición en sí.

El ministro de Educación y Mérito Giuseppe Valditara confirmó que el gobierno seguirá adelante con la disposición. El decreto está actualmente en examen en la 7ª Comisión del Senado, el trámite parlamentario que acompaña su recorrido hacia una eventual conversión en ley.

El umbral del 30% se refiere al número máximo de alumnos no italianos admitidos en una misma clase. El material disponible no permite reconstruir en detalle los argumentos de las distintas posiciones surgidas en el debate público, pero registra con claridad la línea asumida por la Comisión: ninguna infracción, acompañada sin embargo de un llamado explícito al principio de no discriminación que sigue siendo válido para cualquier norma nacional en la materia.

La decisión de Bruselas de no abrir una infracción deja así la partida enteramente en el plano nacional, donde la disposición prosigue su trámite en el Senado. El paso por la 7ª Comisión será el próximo momento clave para saber si el texto sufrirá modificaciones antes de una eventual conversión definitiva, o si proseguirá con la formulación actual.

Queda por ver si la posición de la Comisión, por ahora limitada a un llamado de principio sin consecuencias procedimentales, tendrá continuidad en los próximos meses en caso de que el decreto sea efectivamente convertido en ley sin modificaciones sustanciales respecto al texto hoy en examen en el Senado.