AI Act, entran en vigor las obligaciones de transparencia: los sistemas conversacionales deben declararse

El 2 de agosto de 2026 entró en aplicación la parte del AI Act europeo dedicada a la transparencia. No se trata de un anuncio de intenciones: la Comisión Europea ha comunicado el inicio de la aplicación de las normas, y la nota correspondiente de la DG Comunicación se publicó el mismo día.

Qué imponen las normas. Dos obligaciones distintas. La primera se refiere a la interacción: los sistemas conversacionales y otros sistemas interactivos deben informar a los usuarios de que están dialogando con una inteligencia artificial y no con una persona. La segunda se refiere a los contenidos: las imágenes, los vídeos y los audios generados o modificados artificialmente —los llamados deepfake— deben etiquetarse, y los contenidos generados deben llevar marcas legibles por máquinas.

La diferencia entre ambas prescripciones no es formal. La etiqueta visible se dirige a quien mira; la marca legible por máquinas se dirige a los sistemas que ese contenido indexan, redistribuyen o recopilan para entrenar otros modelos. Es la segunda obligación, no la primera, la que incide en la infraestructura técnica de las plataformas, porque requiere que la información sobre el origen sintético sobreviva a la circulación del archivo.

Quién aplica las normas. La estructura de control tiene tres niveles: las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, y el Supervisor Europeo de Protección de Datos por lo que respecta a las instituciones de la Unión. Es una arquitectura que distribuye el control entre las autoridades de los distintos Estados miembros, con una coordinación central. El punto de atención, para quien quiera medir su eficacia en los próximos meses, es la heterogeneidad potencial: la misma norma aplicada por autoridades nacionales con recursos y prioridades diferentes.

El contexto normativo. El 7 de mayo de 2026 el Consejo y el Parlamento Europeo habían acordado una simplificación de las normas, manteniendo sin embargo el planteamiento de la propuesta de la Comisión sobre los sistemas de alto riesgo, como se informó en el comunicado del Consejo de la Unión Europea. El orden de los hechos importa: primero la simplificación acordada en mayo, después el inicio de la aplicación en agosto. Quien lea la segunda noticia sin la primera corre el riesgo de describir un endurecimiento; quien lea la primera sin la segunda corre el riesgo de describir un retroceso. Ambas cosas ocurrieron con tres meses de diferencia y se refieren a capítulos distintos del mismo reglamento.

Lo que no dicen los documentos disponibles. Ninguna de las tres fuentes citadas informa sobre la cuantía de las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, ni sobre casos concretos ya abiertos por las autoridades de vigilancia, ni sobre estándares técnicos obligatorios para el marcado legible por máquinas. Este último punto es el que está destinado a determinar la eficacia práctica de la norma: sin un estándar compartido, cada proveedor puede marcar sus propios contenidos en un formato que otros sistemas no reconocen, y la obligación se agota en el gesto formal de colocar una marca que nadie lee.

El alcance real. Las normas se aplican a los sistemas ofrecidos en el mercado de la Unión, con independencia de dónde tenga su sede quien los produce. Dado que los principales sistemas conversacionales de amplia difusión se desarrollan fuera de Europa y se distribuyen globalmente, la obligación europea de declarar la naturaleza no humana del interlocutor incide en productos diseñados en otros lugares. Es el mecanismo por el cual una norma regional acaba condicionando decisiones de diseño globales, cuando adaptar el producto a un solo mercado cuesta más que uniformarlo.

La primera verificación mensurable será la aparición —o la ausencia— de las marcas en los contenidos generados que circulan por las plataformas accesibles desde la Unión, dado que la norma está en aplicación desde el 2 de agosto y no prevé periodos transitorios adicionales en los documentos citados.