Francia, una ley de finanzas de espera y 124.000 millones por recuperar antes de 2030

Francia entra en la fase más delicada de su ciclo presupuestario con un ejercicio que nace ya marcado por el calendario político: el proyecto de ley de finanzas para 2027 es el último que el ejecutivo en funciones llevará al Parlamento antes de las elecciones presidenciales. Es un detalle que condiciona el contenido más que cualquier elección técnica, porque una maniobra escrita en vísperas de una votación nacional difícilmente puede comprometer a quien venga después.

El cuadro de las cuentas sigue siendo pesado. Según la medición del Insee, el instituto estadístico francés, en 2025 el déficit de las administraciones públicas se situó en el 5,1% del producto interno bruto, equivalente a 152.500 millones de euros: una distancia considerable respecto al umbral del 3% fijado por las normas europeas. Sobre esa base se inserta el trabajo de una misión de expertos independientes puesta en marcha por el ministerio de Economía, que ha estimado en 124.000 millones de euros la magnitud global del esfuerzo de ajuste a realizar antes de 2030. El relator del informe fue escuchado por la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional el 16 de julio de 2026 (Parlons Politique).

La cifra debe leerse por lo que es: una estimación producida por encargo público por un grupo de expertos, no un objetivo inscrito en una ley. Al referirse a un horizonte plurianual, depende de hipótesis de crecimiento, tasas de interés y dinámica del gasto social que ninguna previsión a cuatro años puede fijar con precisión. El material disponible no especifica cómo se reparten los 124.000 millones entre recortes de gasto y mayores ingresos, y sobre este punto la pieza no puede ir más allá del dato reportado.

El proyecto de presupuesto en preparación traduce esa presión en una regla simple y restrictiva: el aumento global del gasto público se mantendría por debajo del 0,4%. En un presupuesto en el que algunas partidas —intereses de la deuda, pensiones, sanidad— crecen por inercia, un techo tan bajo implica que los sectores excluidos de las prioridades absorban una compresión real. El ejecutivo ha indicado las áreas destinadas a recibir recursos adicionales: Defensa, Ecología, Educación y Seguridad. Todo lo que no entra en esa lista se sitúa, por diferencia, del lado de los perdedores (franceinfo).

La elección de las prioridades no es neutra y refleja compromisos asumidos en distintos ámbitos. La Defensa responde a la trayectoria de rearme compartida por buena parte de los países europeos; la Ecología a los objetivos climáticos de la Unión; Educación y Seguridad pesan en el terreno interno. El resultado es una maniobra que protege pocas partidas de alta visibilidad política y pide el resto a los demás capítulos, sin abordar la parte más consistente de la corrección indicada por los expertos, aplazada de hecho a la legislatura siguiente.

Cabe señalar un límite de procedencia: la primera de las dos fuentes utilizadas es un comentario político de una radio pública construido sobre documentos presupuestarios gubernamentales, la segunda se basa en el informe de la misión de expertos. Los dos orígenes son independientes entre sí, pero el proyecto de ley aún no es un texto definitivo y las cifras sobre el reparto entre ministerios pueden cambiar en el trámite parlamentario.

El punto verificable hoy es la brecha entre las dos magnitudes: una diferencia de 2,1 puntos de producto interno bruto respecto al parámetro europeo, y una maniobra que limita al 0,4% el crecimiento del gasto. Quien gane las presidenciales encontrará sobre la mesa la cuota aún no cubierta de los 124.000 millones estimados y un calendario que se cierra en 2030.