Ceuta, cuarta visita del gobierno español y dos recuentos irreconciliables

A las 10:30 del lunes, en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz —que también es portavoz del gobierno español— se reúne con el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas. Dos horas antes, a las 8:30, el Consejo de Gobierno de Ceuta se reúne en sesión extraordinaria sobre la situación de la ciudad. La secuencia de horarios ya dice mucho: el nivel local define su propia posición poco antes de sentarse con Madrid.

Es la cuarta visita de un miembro del ejecutivo español tras la entrada masiva de finales de julio: anteriormente, según las fuentes, habían llegado Sánchez, Torres, Rego, Robles y en dos ocasiones Grande-Marlaska. La repetición de los desplazamientos a Ceuta es un dato político en sí mismo: señala que el gobierno central ha optado por presidir físicamente el expediente, y al mismo tiempo que ninguna de las visitas anteriores lo ha cerrado.

El nudo es aritmético antes que político. El gobierno español cifra en 72.000 las personas que entraron irregularmente en Ceuta el 30 y el 31 de julio, sosteniendo que la mayoría regresó en 24-48 horas. Sobre el remanente, sin embargo, las dos administraciones no coinciden: el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha indicado en unos 5.000 los extranjeros aún presentes en la ciudad autónoma, mientras Vivas cuantifica 9.000 y pide repatriaciones inmediatas.

Cuatro mil personas de diferencia no son un detalle contable. De ese número depende el dimensionamiento del dispositivo humanitario —plazas, asistencia, personal— y la valoración política sobre cuánto se ha reabsorbido la crisis o si sigue abierta. Un gobierno que estima 5.000 puede sostener que el grueso de la emergencia ha vuelto; un presidente local que cuenta 9.000 sostiene lo contrario. Ninguna de las dos cifras resulta, por el momento, verificada por un recuento tercero.

«La ciudad no aguantará» (trad. del inglés) — Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta

La cumbre del lunes tiene un objeto declarado: evaluar el dispositivo humanitario montado tras las entradas del 30 y 31 de julio. Es el terreno en el que gobierno central y ciudad autónoma pueden encontrar un acuerdo técnico —recursos, estructuras, personal— aun manteniéndose distantes en la parte política, es decir, las repatriaciones y sus plazos. Vivas pide que sean inmediatas; el ejecutivo, por boca del ministro del Interior, ha señalado el horizonte del retorno a Marruecos de la gran mayoría de las personas presentes, aunque sin un calendario público.

Cabe señalar lo que el cuadro verificable no contiene. No constan, según las fuentes disponibles, datos sobre la composición del grupo aún presente en la ciudad, ni sobre los plazos técnicos de los procedimientos de repatriación, ni sobre el resultado de eventuales contactos con Rabat. Y no consta un método público de recuento que explique cómo se llega a 5.000 o a 9.000: sin eso, la discrepancia persiste.

El contexto europeo pesa sobre el asunto, porque la crisis de Ceuta ya se ha convertido en materia de fricción entre capitales. Pero la mesa del lunes es interna: un ministro del gobierno de Madrid y la cúpula de una ciudad autónoma, con la lista de tareas dividida entre quien las financia y quien las ejecuta.

La jornada producirá al menos un elemento verificable: la posición formal del Consejo de Gobierno de Ceuta salida de la sesión extraordinaria de las 8:30, y el contenido del encuentro de las 10:30. Sobre todo lo demás —números, repatriaciones, calendario—, la distancia entre las dos cifras públicas sigue siendo el primer problema por resolver.

Fuentes: Infobae/EFE; Diario en Positivo; El Constitucional; Moncloa.com.