El Viminale mantiene los controles con España hasta el 31 de agosto y dice no a los retornos desde Alemania
La suspensión de Schengen en las fronteras aéreas y marítimas con España permanece en vigor al menos hasta finales de mes. El mismo día, el ministerio del Interior comunica a Berlín que no aceptará los traslados de solicitantes de asilo previstos por el reglamento de Dublín.
El gobierno italiano juega dos partidas de frontera al mismo tiempo, y las juega en direcciones opuestas: al suroeste mantiene cerrada una puerta, al norte rechaza otra que alguien quisiera abrir desde el exterior.
La primera decisión concierne a España. El ministerio del Interior ha establecido mantener en vigor los controles fronterizos hasta el 31 de agosto de 2026, posponiendo a esa fecha la evaluación sobre una eventual prórroga o el retorno al régimen ordinario. La medida afecta a las fronteras aéreas y marítimas de todos los aeropuertos y puertos italianos con conexiones directas con España. En la audiencia ante el Comité parlamentario Schengen, el ministro del Interior Matteo Piantedosi expuso las cifras producidas hasta ahora por el dispositivo: 3 arrestos y 21 rechazos de ciudadanos de terceros países desde el inicio de los controles.
Son cifras que deben leerse por lo que son. Una operación que involucra toda la red de puertos y aeropuertos conectados con otro Estado miembro de la Unión ha producido, en pocas semanas, veinticuatro medidas individuales en total. El dato no dice si la medida funciona como disuasión —un efecto que por definición no se mide en el número de personas detenidas—, pero es el único indicador público disponible hoy para evaluarla.
El origen de la suspensión sigue siendo la afluencia de finales de julio en Ceuta: entre el 30 y el 31 de julio unos 72.000 ciudadanos de terceros países entraron irregularmente en el enclave español, que cuenta con alrededor de 83.000 habitantes. La reacción en cadena está documentada. Madrid respondió el 7 de agosto, sometiendo a verificación fronteriza a quienes llegan desde Italia: entre los aeropuertos afectados figuran los de la capital española, Barcelona y Sevilla. El comisario europeo de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, sigue el expediente y mantiene contacto tanto con el Viminale como con las autoridades españolas.
El argumento con el que el ministro defendió la decisión en el Parlamento es de principio: no pueden existir países europeos con un derecho mayor que otros a proteger su propia seguridad nacional. En el plano práctico, Piantedosi aseguró que para los viajeros italianos en España y para los españoles que llegan a Italia no cambia nada respecto a lo que ya ocurre.
La segunda partida se juega con Berlín. El Viminale ha enviado al gobierno alemán una comunicación formal en la que declara que Italia no aceptará el retorno de los solicitantes de asilo que hayan transitado por territorio italiano como primer país de llegada. El litigio tiene un perímetro preciso: tres casos de traslado anteriores al 12 de junio de 2026, fecha de entrada en vigor del nuevo Pacto europeo sobre migración y asilo. Roma los considera cubiertos por la llamada “amnistía de los dublinados”, prevista en un acuerdo bilateral firmado con Alemania en diciembre de 2025. Berlín sostiene la tesis contraria: el sistema de Dublín permanece plenamente operativo también para los casos anteriores al 12 de junio, sobre la base de acuerdos bilaterales previos.
El gobierno italiano añade a la cuestión jurídica una demanda política, la de un “mecanismo de compensación” vinculado a los migrantes desembarcados en Italia desde buques de organizaciones no gubernamentales alemanas: según los datos proporcionados por el Viminale, 2.000 personas desde comienzos de año y 500 desde el 12 de junio. La partida terminará en Bruselas: Italia ha anunciado que llevará el caso a la atención de la Comisión Europea. “Plantearemos todo esto a la Comisión Europea, pero confiamos en que habrá cada vez menos dublinados”, dijo el ministro del Interior.
Los dos episodios tienen en común un elemento que permite leerlos juntos: en ambos Italia reivindica una interpretación nacional de reglas comunes, y en ambos la contraparte es otro Estado miembro, no un país tercero. En el frente español, la decisión italiana tuvo como contragolpe una medida especular de Madrid, adoptada el 7 de agosto; sobre Dublín, la controversia afecta a tres casos individuales, pero el precedente que de ello se deriva valdría para todos los posteriores.
La próxima fecha verificable es el 31 de agosto, cuando el Viminale deberá decidir si prorroga de nuevo los controles con España o los deja caducar.
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