California prohíbe la reproducción automática para usuarios menores de 16 años

El 10 de septiembre de 2026 el gobernador de California Gavin Newsom firmó un paquete de leyes sobre seguridad online de los más jóvenes. Según el Los Angeles Times las disposiciones son más de diez; la lista de medidas se publica también en el comunicado de la oficina del gobernador.

Dos normas concentran el significado de la intervención, y afectan a dos tecnologías diferentes.

La primera es la SB 1119, que se aplica a los operadores de chatbots de compañía —los sistemas conversacionales diseñados para mantener una relación continuada con el usuario. La ley les impone evaluaciones de riesgo y, en determinados casos, notificaciones a los padres ante amenazas de autolesión. Es una obligación de proceso y de notificación: no establece qué debe responder el sistema, sino que impone a quien lo gestiona medir de antemano los peligros y avisar cuando detecta uno específico.

La segunda es la AB 1709, que prohíbe a determinadas plataformas algunas funciones definidas como addictive para los usuarios menores de 16 años: entre ellas la reproducción automática de contenidos y los flujos de contenidos recomendados por los algoritmos. Aquí la intervención no se refiere a lo que se publica, sino al modo en que el contenido se sirve —la estructura que decide cuándo un video termina y comienza el siguiente sin que el usuario elija.

La prohibición no afecta a los contenidos, sino a los mecanismos que prolongan su consumo.

El comunicado del gobierno californiano incluye entre las medidas también auditorías independientes de seguridad infantil y evaluaciones anuales del riesgo para los chatbots de compañía: dos instrumentos de verificación recurrente, no una única autorización previa.

Por qué importa más allá de California

La jurisdicción es estatal, pero el número de empresas que tienen su sede o que operan allí convierte estas normas en un punto de referencia para el sector. Cuando una regla impone modificaciones a la arquitectura de un servicio —desactivar la reproducción automática para una franja de edad, introducir evaluaciones de riesgo periódicas— la adaptación técnica raramente se limita al territorio que la impone, porque duplicar la infraestructura cuesta más que aplicar en todas partes el estándar más estricto.

Sin embargo, hay que registrar con precisión el perímetro de lo que sabemos: ambas fuentes describen la firma y la lista de disposiciones, una de las dos es la oficina del gobernador, es decir, la parte que promovió y presentó el paquete. El título del comunicado oficial contiene una valoración comparativa sobre el rigor de las normas: es la posición de la administración, no un hecho verificado por terceros, y este periódico no la adopta.

Lo que no sabemos

El expediente no contiene la fecha de entrada en vigor de las dos leyes citadas, ni los umbrales dimensionales que definen qué plataformas están sujetas a la AB 1709. No contiene las sanciones previstas en caso de incumplimiento, ni el organismo encargado de la vigilancia. No contiene el texto completo de la lista de más de diez disposiciones, por lo que no podemos describir las medidas distintas de las dos citadas. No contiene reacciones de las empresas afectadas ni eventuales anuncios de recursos.

Un punto merece especial cautela: la SB 1119 prevé notificaciones a los padres ante amenazas de autolesión, pero el expediente no especifica en qué casos se activa la notificación, con qué garantías para la privacidad del usuario menor de edad y quién evalúa el umbral de riesgo. Es el nudo más delicado del paquete, porque pone en tensión dos objetivos legítimos —protección y privacidad— y el modo en que se resuelve en el texto normativo, hoy, no está documentado por las fuentes disponibles.

La verificación práctica llegará con el primer ciclo de evaluaciones anuales y de auditorías independientes previstas por las normas firmadas el 10 de septiembre.