El Gobierno aprueba el decreto de seguridad tras la guerrilla urbana de Milán

El Consejo de Ministros se reunió el martes en Palazzo Chigi para adoptar un decreto de seguridad, convocado tras los disturbios del fin de semana en Milán. La medida introduce el delito de daños agravados y el arresto obligatorio para los delitos de devastación cometidos durante las manifestaciones, con la posibilidad de proceder a un arresto diferido dentro de las 48 horas posteriores a los hechos.

La decisión llega poco después de los enfrentamientos que afectaron a la ciudad en los días previos. El jefe del Estado, Sergio Mattarella, intervino calificando la violencia de inaceptable e invitando a un “análisis inteligente y profundo” de lo sucedido, sin entrar en el mérito del texto del decreto.

En el frente parlamentario, las oposiciones criticaron duramente la iniciativa del Gobierno. Giuseppe Conte, líder del Movimento 5 Stelle, pidió detener un nuevo decreto de seguridad, acusando al Ejecutivo de inmovilismo en el frente económico: “Cumbre en Palazzo Chigi. ¿Para las medidas económicas contra el encarecimiento? Qué va, nada” declaró, contraponiendo la rapidez de la respuesta de seguridad a la lentitud en otros expedientes.

El texto del decreto se centra en los instrumentos represivos a disposición de las fuerzas del orden durante las manifestaciones públicas: la introducción de un tipo penal específico para los daños agravados se suma a la posibilidad de proceder con el arresto incluso a distancia de horas del episodio, un instrumento que el Gobierno presenta como necesario para perseguir a quienes resulten responsables de devastaciones durante las marchas.

La medida se inserta en un enfrentamiento político más amplio entre la mayoría y las oposiciones, que desde hace semanas se miden tanto en el terreno del orden público como en el de las medidas económicas contra el encarecimiento de la vida. Las oposiciones, en particular, reprochan al Gobierno haber dado prioridad a la respuesta penal frente a las intervenciones de apoyo económico, un tema que sigue abierto en el debate parlamentario.

El Consejo de Ministros no ha proporcionado, por el momento, indicaciones sobre los plazos de conversión en ley del decreto, ni sobre eventuales modificaciones previstas durante el trámite parlamentario. El texto aprobado el martes sigue siendo por ahora el único acto formal del Gobierno en respuesta a los hechos de Milán.