El Quirinal hace eliminar los poderes judiciales a los militares en el decreto de seguridad

El decreto sobre el orden público aprobado por el gobierno tras los enfrentamientos del fin de semana en Milán no llega en la forma inicialmente prevista. El Quirinal hizo eliminar del texto la medida que habría reconocido a los militares empleados en la operación Strade sicure la función de policía judicial, con la posibilidad de proceder a arrestos. Es el detalle que la jornada de hoy añade respecto al anuncio de ayer, y que redimensiona el alcance de una disposición presentada como una respuesta firme a los disturbios.

Permanecen en cambio en vigor las demás medidas del decreto. Se introduce el delito de violencia organizada en las manifestaciones públicas, pensado para golpear a quien participa de forma coordinada en episodios de devastación durante las marchas. La detención preventiva se extiende también a los menores de edad, una elección que se inserta en el contexto de los enfrentamientos milaneses: durante aquellas jornadas fueron arrestados 35 menores, una cifra que por sí sola mide la magnitud de la participación de muy jóvenes en los episodios de violencia.

En el frente del orden público sobre el terreno, el ministro del Interior confirmó el envío de 500 militares adicionales a Milán, a raíz de los enfrentamientos y los vandalismos registrados durante el fin de semana. La medida permanece separada de la norma sobre los poderes judiciales, que se refería en cambio a las prerrogativas de los militares ya presentes en el territorio, no a su número.

Sobre el nuevo delito intervino directamente la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, quien sintetizó así la novedad normativa:

“Nace el delito de participación violenta” — Giorgia Meloni, presidenta del Consejo

Más tajante el tono del vicepremier Matteo Salvini, que reivindicó la línea dura de la disposición dirigiéndose directamente a quienes participaron en los disturbios:

“Quien vuelva a saquear no quedará impune” — Matteo Salvini, vicepremier y ministro de Transportes

El rechazo de la norma sobre los poderes judiciales a los militares por parte del Colle representa el punto de fricción más relevante surgido hasta ahora en torno al decreto: el gobierno había previsto un papel operativo reforzado para las Fuerzas Armadas en función de orden público, mientras que el Quirinal consideró que tal función debía permanecer separada de la de las fuerzas de policía judicial ordinarias. El decreto sale por tanto del Consejo de Ministros con un perímetro más reducido del discutido inicialmente, mientras que el número de menores detenidos en Milán —35— sigue siendo el dato que mide concretamente la escala de los enfrentamientos a los que la disposición pretende responder.