Polonia, enfrentamiento institucional: Nawrocki desafía a la policía frente al Tribunal Constitucional

En la noche del 30 al 31 de octubre el presidente polaco Karol Nawrocki interrumpió un viaje a Senegal para regresar a su país y dirigirse directamente a la sede del Tribunal Constitucional, custodiada por la policía. El gesto llegó tras el anuncio, el 30 de octubre, de la suspensión por un mes del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, decisión adoptada por el gobierno encabezado por Donald Tusk.

El episodio ha transformado un litigio institucional en un enfrentamiento directo entre los máximos responsables del Estado. Nawrocki se presentó frente al edificio custodiado por los agentes, mientras el gobierno Tusk defendió la medida como necesaria. El primer ministro rechazó cualquier acusación de forzamiento institucional con palabras tajantes: “Ningún compromiso con la ilegalidad”, declaró Tusk.

En el plano europeo, la Comisión se ha pronunciado sobre el nudo jurídico en el centro del enfrentamiento: según Bruselas, el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal corresponde a la competencia constitucional del Sejm, el Parlamento polaco. La declaración llega mientras la crisis en torno a la Corte lleva días abierta y enfrenta a los dos principales centros de poder del Estado polaco, el gobierno y la presidencia.

La tensión también se ha trasladado a la calle. Durante la primera noche de protestas alrededor de la sede del Tribunal, la policía detuvo a tres manifestantes. El número reducido de detenciones contrasta con el alcance simbólico del episodio: un presidente de la República que se dirige en persona, de noche, a desafiar el despliegue de las fuerzas del orden frente a una institución judicial.

El enfrentamiento también ha suscitado reacciones desde fuera de las fronteras polacas. El dirigente político ruso Dmitri Medvédev comentó el episodio calificándolo de “golpe de Estado” en curso, una lectura que debe situarse en el contexto de un comentario político externo y no en el de una valoración jurídica de las instituciones polacas o europeas implicadas.

“Ningún compromiso con la ilegalidad” — Donald Tusk, primer ministro polaco

El núcleo de la disputa sigue siendo la suspensión de los dos máximos responsables del Tribunal Constitucional, medida que el gobierno considera legítima y que la presidencia impugna de hecho, custodiando físicamente la sede de la institución. La posición de la Comisión Europea, que señala al Sejm como la sede constitucional para el nombramiento de los jueces, traslada la partida al plano parlamentario, donde se juega ahora la continuación del asunto.

Queda abierta la pregunta sobre cuánto tiempo seguirá la policía custodiando el edificio del Tribunal y cuáles serán los próximos pasos del gobierno Tusk respecto a la suspensión de los dos magistrados, en el centro de un enfrentamiento que ha involucrado en pocas horas al primer ministro, al presidente y a la Comisión Europea.